Hacienda apuesta y gana
El juego ‘online’ regulariza su situación fiscal para hacerse con las licencias
Local de apuestas en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ
Suele decirse con argumentos estadísticos que la banca siempre gana. Aunque a esa afirmación habría que ponerle un pero. La banca gana siempre salvo cuando se enfrenta a Hacienda. Y es que el Fisco ha vencido en la batalla que ha mantenido con las empresas de juego online, que movieron 370 millones de euros en 2011, para que estas regularizaran su situación y pagaran los impuestos de los años que han estado operando alegalmente.
La nueva Ley del Juego, aprobada en mayo del año pasado, sanciona que para operar juegos en la red es necesario contar con una licencia. De esta forma, empresas como Bwin, Betfair o Pokerstars, podrán regularizar su situación. Sin embargo, en el articulado se introdujo una enmienda de última hora obligando a estas empresas a estar al día con Hacienda.
Las webs atendieron el recado legislativo y comenzaron a pagar desde mayo de 2011, a razón del 25% sobre sus ingresos netos (facturación menos pago de premios). Pero Hacienda les tenía guardada una sorpresa. La pasada Semana Santa, y ya con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, la Oficina de Investigación Contra el Fraude (ONIF) abrió una inspección contra las principales empresas de juego online, a las que le reclamó los impuestos de los últimos cuatro ejercicios que han operado en España sin cobertura legal. Esa inspección coincidía en el tiempo con la apertura del plazo para otorgar las licencias, necesarias para poder operar con la nueva normativa.
Oficialmente, ambos procesos —la inspección de Hacienda y la concesión de licencias por la Dirección General de Ordenación del Juego (adscrita también al mismo ministerio)— no guardan relación. Pero en la práctica, los procedimientos confluyen y, a medida que se ha ido acercando la fecha en la que se van a otorgar las concesiones —el próximo 1 de junio— todos los implicados lo han recibido como un aviso para navegantes: “Si no me pagas los atrasos te quedas sin licencia”.
La industria del juego online, agrupada en la patronal JDigital, se rebeló contra lo que entendían como un impuesto revolucionario. Consideraban que no existía base legal para aplicar esa retroactividad impositiva antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Juego. De hecho, han denunciado que para exigir esos impuestos el Gobierno ha recurrido a dos leyes de 1966 y 1977 que, evidentemente, nada tenían que ver con el mundo online. Por todo ello, filtraron a los medios la amenaza velada de que dejarían de operar en España si la Administración seguía en sus trece.
Al final, Hacienda, como un jugador de póquer experimentado, ha aguantado el farol. Y se ha llevado la partida. Las principales firmas online han anunciado esta semana el acuerdo con el Fisco para regularizar su situación.
La primera en tirar la toalla fue Bwin.party, que el lunes aceptaba el pago de 33,6 millones de euros. Un día después se unía Sportingbet (Miapuesta), que desembolsará 17,2 millones. Betfair también comunicaba un acuerdo para abonar 10 millones y reconocía sin ambages que entendía este pago como requisito indispensable para la obtención de la concesión. “El cumplimiento de este requerimiento coloca a Betfair en una posición óptima para conseguir su licencia en el mercado español”, decía en una nota. También se sumaba 888, que pagará 7,9 millones. Se espera que otras empresas como Ladbrokes, William Hill y Bet365 pasarán por caja.
La que aún no se ha pronunciado es Pokerstars, la mayor empresa de póquer online del mundo, a la que Hacienda reclama en torno a 200 millones de euros (otras fuentes rebajan esa cantidad a la mitad), en un momento en el que el portal está inmerso en la posible compra de Full Tilt Poker, lo que supondría un desembolso de 800 millones de euros.
Sin embargo, ante la inminencia de la concesión de licencias, Pokerstars se ha visto en la obligación de tranquilizar a sus jugadores, a los que ha hecho llegar este mensaje, que recoge en su blog Laura Guillot, una de las mayores expertas de juego en España: “Tenemos la intención de seguir ofreciéndoles a nuestros jugadores españoles la mejor experiencia de juego de póquer en el marco de la regulación en España”.
Pero esta partida tiene otro jugador: las empresas de juego presencial, que explotan casinos, tragaperras, bingos y casas de apuestas, a través de firmas tan poderosas como Codere, Cirsa o Recreativos Franco. Este sector siempre se ha sentido agraviado con el juego online que hasta ahora no pagaba impuestos ni se atiene a ningún requisito legal mientras ellos cumplen religiosamente con el Tesoro (1.561 millones en 2010).
De hecho, las mayores empresas de juego privado presentaron en 2010 una denuncia conjunta para pedir el cese inmediato de la actividad de las firmas de Internet al considerar que ofrecían servicios ilegales. Las webs de juego han acusado veladamente a sus hermanas físicas de haber realizado labor de lobby para endurecer las condiciones de las licencias.
Algo que niegan completamente desde la otra trinchera. “Estas empresas, casi todas con sede fiscal en Gibraltar, se han aprovechado de su situación de ilegalidad para crear una imagen de marca, con patrocinios multimillonarios como el del Real Madrid que se podían permitir porque no pagaban impuestos. Y cuando se concedan las licencias seguirán gozando de una posición ventajosa porque ya tienen una base de datos con miles de clientes, mientras que los demás debemos empezar desde cero”, señala un portavoz de Codere.
A las licencias para poder operar en el mercado online se han presentado 60 empresas, y la intención del Gobierno es conceder en torno a cincuenta. Por las mismas compiten, además de las empresas de juego —tanto online como presencial— , los medios de comunicación que organizan concursos y las empresas de software de juego. El pastel es muy jugoso, ya que el número de usuarios únicos ha escalado un 60% en 2011 hasta los 600.000 jugadores. Y se espera que los ingresos netos alcancen los 800 millones en 2014.
No obstante, Sacha Badelt, consejero delegado de NetBet,una empresa de nueva creación con sede fiscal en España, estima que “aunque el mercado español tiene mucho potencial de desarrollo no hay sitio para tantas firmas”, y que en los próximos años se producirán procesos de fusión y alianzas que incluirá también a las empresas de juego privado.
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