El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de España a que "en el seno de la UE y de los diversos organismos internacionales en los que toma parte" (G20, OCDE...), llame al "desarrollo de cuantas iniciativas sean precisas para poner fin a los paraísos fiscales asentados en distintos territorios", y promueva una "nueva definición de paraísos fiscales con la creación de una lista más objetiva y exhaustiva de jurisdicciones no cooperativas".
A través de la resolución aprobada, el Parlamento insta a la OCDE y a la comunidad internacional en su conjunto a que "se vuelvan a considerar paraísos fiscales a todos aquellos territorios que, de facto, sigan actuando como centros extraterritoriales o para no residentes, en los que en su ordenamiento jurídico siga vigente el secreto bancario y se castigue su vulneración, aunque hayan firmado acuerdos de intercambio de información con otros países".
En un tercer apartado, se insta a los Gobiernos del Estado y Navarra a "reformar la legalidad vigente para ejercer un control exhaustivo de las sociedades mercantiles y las entidades financieras registradas en paraísos fiscales".
Además, se insta al Ejecutivo foral a "excluir de la contratación pública y de cualquier exención fiscal, subvención o ayuda pública, a todas aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que tengan sucursales, filiales o entidades registradas en países y territorios que actúan como paraísos fiscales".
Por último y producto de una enmienda de adición presentada por el grupo socialista, se insta al Gobierno de España a que "urja en el seno de la UE al desarrollo del acuerdo de 7 de diciembre del ECOFIN, para ampliar el intercambio de información automática entre Estados a ocho categorías principales de ingreso y capital: ingresos por empleo, ingresos de directivos, dividendos, ganancias de capital, royalties, productos de seguros de vida, pensiones, propiedades e ingresos por bienes inmuebles".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por I-E sitúa su iniciativa en la necesidad de "combatir de forma eficaz la evasión fiscal y el blanqueo de capitales", dado que sigue existiendo un gran número de jurisdicciones que constituyen "centros financieros opacos, con secreto bancario, nula o baja tributación y muy fácil accesibilidad para constituir sucursales financieras o empresas instrumentales". Todo ello con el agravante de que "prácticamente en ninguno de esos paraísos el fraude fiscal es considerado delito".
A través de la resolución aprobada, el Parlamento insta a la OCDE y a la comunidad internacional en su conjunto a que "se vuelvan a considerar paraísos fiscales a todos aquellos territorios que, de facto, sigan actuando como centros extraterritoriales o para no residentes, en los que en su ordenamiento jurídico siga vigente el secreto bancario y se castigue su vulneración, aunque hayan firmado acuerdos de intercambio de información con otros países".
En un tercer apartado, se insta a los Gobiernos del Estado y Navarra a "reformar la legalidad vigente para ejercer un control exhaustivo de las sociedades mercantiles y las entidades financieras registradas en paraísos fiscales".
Además, se insta al Ejecutivo foral a "excluir de la contratación pública y de cualquier exención fiscal, subvención o ayuda pública, a todas aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que tengan sucursales, filiales o entidades registradas en países y territorios que actúan como paraísos fiscales".
Por último y producto de una enmienda de adición presentada por el grupo socialista, se insta al Gobierno de España a que "urja en el seno de la UE al desarrollo del acuerdo de 7 de diciembre del ECOFIN, para ampliar el intercambio de información automática entre Estados a ocho categorías principales de ingreso y capital: ingresos por empleo, ingresos de directivos, dividendos, ganancias de capital, royalties, productos de seguros de vida, pensiones, propiedades e ingresos por bienes inmuebles".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por I-E sitúa su iniciativa en la necesidad de "combatir de forma eficaz la evasión fiscal y el blanqueo de capitales", dado que sigue existiendo un gran número de jurisdicciones que constituyen "centros financieros opacos, con secreto bancario, nula o baja tributación y muy fácil accesibilidad para constituir sucursales financieras o empresas instrumentales". Todo ello con el agravante de que "prácticamente en ninguno de esos paraísos el fraude fiscal es considerado delito".
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