Todos contra el fraude: España no destina ningún agente a investigar arreglos de partidos

La compraventa de partidos sigue siendo un territorio virgen en España para cualquier desaprensivo. No se han producido denuncias de particulares ni demandas de investigación por parte de instituciones deportivas. Los cuerpos policiales carecen de agentes destinados a seguir o investigar casos sospechosos. De hecho, a una reciente convocatoria de Interpol, dirigida a diferentes policías europeas, el pasado 22 de noviembre, no acudió ningún representante policial español. La cumbre, celebrada en Lyon (Francia) se llamaba “reunión de equipo contra el fraude en resultados deportivos”.

Interpol abrirá una delegación en Singapur, con financiación de la FIFA, para establecer un centro operativo a partir del cual se investiguen las apuestas deportivas por Internet, la principal causa de corrupción en el fútbol y en el deporte en general. Buena parte de los casos más graves, entre ellos algunos en competiciones europeas, han tenido relación con grupos criminales organizados con ramificaciones en Asia.

A pesar de que todos los finales de temporada son ricos en sospechas de presuntos arreglos de partidos, nadie ha llevado estas especulaciones a una denuncia. Y ninguna institución (la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo) ha promovido una investigación. Por esos motivos, Policía y Guardia Civil no han considerado necesario destinar a ningún agente a estos menesteres. Ello a pesar de que en instituciones internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) se consideró ya al fútbol como un sector de riesgo, propenso al blanqueo de capitales y muy opaco en cuanto a propietarios y transacciones económicas por traspasos o patrocinios. De hecho, en Argentina en 2009 ya se consideró al fútbol como sector obligado, como los abogados y notarios. Ello significa una obligación de declarar todas las transacciones de cierta relevancia.
Policía y Guardia Civil tienen alguna experiencia de casos de supuestos arreglos de partidos, todos ellos relacionadas con otro tipo de investigaciones. La Guardia Civil conoció cómo delincuentes ucranios controlaban el Deportivo Reus (llegó a conocerse en algunas esferas como el Dínamo de Reus) para blanquear dinero. En la Operación Troika contra la mafia rusa se supo, por intervenciones telefónicas, del control del Zenit de San Petersburgo por parte de algunos imputados y se mencionó una presunta compra de un partido semifinal de la Copa de la UEFA con el Bayern de Múnich. De hecho, la UEFA sigue personada en el caso, a pesar de que la fiscalía alemana, a la que se envió la documentación desde España, no encontró culpables.

Y como colofón, en la investigación de la Operación Brugal por un caso de corrupción urbanística salieron a relucir posibles arreglos de partidos en Segunda División por parte del Hércules. Con la excusa de que el arreglo de partidos no era delito en el código penal español (lo es desde el pasado mes de noviembre), ni la fiscalía ni la policía pudieron a avanzar en la investigación. Todos los casos que han tratado los órganos disciplinarios de la federación de fútbol han tenido el mismo final, el sobreseimiento. Ningún caso se ha llevado a la justicia.