Todos contra el fraude: Consejo de Políticas del Juego: nueve folios que acercan más voluntades que posiciones

El pasado lunes 17 de diciembre, la Dirección General de Ordenación del Juego entregó en Madrid a los reguladores autonómicos y demás miembros del Consejo de Políticas del Juego (CPJ) un nuevo documento, similar al presentado en la reunión de Valladolid, tendente a reducir las discrepancias existentes entre el regulador estatal y los responsables autonómicos del juego. Un documento, también, de nueve folios y con el mismo título: "La Regulación del Juego en España: hacia un enfoque coordinado", avalado por el membrete de la Secretaría de Estado de Hacienda y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Al margen del debate interno y de las diferencias de criterio entre las partes, este documento que, de cara a la próxima reunión del CPJ volverá a ser retocado, presenta unos cambios formales y de fondo respecto al documento de Valladolid que se acercan, en términos generales -y por lo visto no suficientes- a la opinión de la mayoría de los reguladores autonómicos.
Como ejercicio intelectual sirva la comparativa entre el texto de Valladolid y el de Madrid. Si el primero era una toma de posición sobre los "fallos" de las regulaciones autonómicas y, en consecuencia, de la necesidad de una coordinación (léase uniformidad) para obtener la mejor de las normativas (se refiere a las autonómicas), el de Madrid es un canto a unos reglamentos y leyes que las CCAA "tuvieron que adoptar" ante el imperativo de regular unas competencias exclusivas que asumieron (sin pedirlas).
En resumen, el nuevo texto elimina las "culpas" autonómicas del texto de Valladolid en cuanto a la dispersión normativa, su duplicidad y todo aquello que ha impedido la evolución de la oferta de juego al estar tan fragmentada la industria sectorial. Es verdad que la inclusión de un segundo párrafo mantiene la posición inicial de la Dirección General cuando habla de "reglamentos redundantes que aplican de forma inconsistente" sobre los que "apenas si existe coordinación".
Pero ahora llama mucho más la atención frases como "siempre bajo el máximo respeto a las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y del Estado en la materia". Y, especialmente, que donde antes se criticaba una fiscalidad autonómica que constreñía el desarrollo del juego privado en España, ahora se dice que esa misma fiscalidad multirregional ha tenido "un efecto incentivador para el desarrollo de un modelo de negocio sostenible". Es decir, exactamente lo contrario de lo apuntado en el folio 4 del primer documento.
Por lo demás, la cita ineludible a la (próxima) Ley de Garantía de Unidad de Mercado sirve de antesala al detalle de la propuesta del Gobierno central que amplía los detalles sobre conceptos como la oferta de juego, la fiscalidad, la demanda y publicidad y los requisitos técnicos. Una propuesta que se sostiene también sobre los tres grupos de trabajo establecidos en el seno del CPJ: regulatorio, técnico y registros, estudios e informes.
Y, por último, un guiño al propio sector de juego, en la medida en que se recomienda a los grupos de trabajo que mantengan reuniones con los agentes regulados: casinos, bingos, apuestas, salones y máquinas de azar. A falta de una voz en el consejo, al menos se abre la puerta para un diálogo más directo con las asociaciones de juego y las empresas.
Las conclusiones, por lo demás, son exactamente las mismas en ambos documentos, lo que viene a significar que las discrepancias no están tanto en la búsqueda de una (necesaria) convergencia sino en las formas, el análisis de lo acontecido en las últimas tres décadas y, sobre todo, el temor a que el Gobierno central maneje unos criterios regulatorios que algunas autonomías consideran que son solo suyos y de nadie más.

Ver el documento

"LA REGULACIÓN DEL JUEGO EN ESPAÑA: HACIA UN ENFOQUE COORDINADO"

			José Ángel Fernández Siruela